Desde una perspectiva social, un sistema de salud es una organización cuyo objetivo principal es la provisión de los servicios de la salud para toda una población (supuestamente con equidad, generalidad, integración y ética).
Esta definición comprende la salud pública y no la privada, donde la salud deja de ser un bien social para pasar a ser un bien comercial (visión económica).
Lo público se relaciona con tres visiones, que son:
- La visión política.
- La visión fiscal.
- La visión práctica de su ejercicio (la prestación en sí misma).
Visión política
El primer problema a afrontar, para que las medidas y acciones tengan el impacto necesario, que nuestro país no cuenta con una Ley Nacional de Salud.
El Ministerio de Salud es la autoridad máxima dentro de la vastedad de nuestro territorio, pero visión social fundamental está muy delimitada y condicionada por la visión fiscal dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda (la asignación presupuestaria con su manifiesto peso de inequidad y pluralidad cercenada).
La Constitución Argentina (nuestra Carta Magna) en su artículo 13° establece que la salud es un derecho de todos los ciudadanos y deber ineludible del Estado.
Nos organizamos como un Estado Federal; integrado por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital Federal).
Estas 24 unidades político-administrativas son las que tienen, por mandato constitucional, la responsabilidad del cuidado y la protección de la salud de la población a través de la provisión de los servicios esenciales.
Si la salud es un derecho constitucional, podríamos deducir que no deberían existir barreras legales que impidan el acceso de todos los argentinos a los servicios públicos de salud (“cobertura universal”).
La pandemia agudizó los problemas de la salud pública en el país, más del 65% de la población pasó a depender de ella, presionando fuertemente al sistema.
La pobreza e indigencia crecieron fuertemente sin un correlato desde la posición política para su atención y cobertura correspondiente (“mal llamada universal”).
La infraestructura, el equipamiento, las instalaciones , en general, todos los insumos necesarios y las campañas correspondientes no son suficientes (anteriormente tampoco lo eran).
La política debería revisar su enfoque, frente a la gran antinomia entre un derecho universal visión social del mercado – y la mirada imperante desde la economía – como un servicios más en mercado-.
La actual imagen de la salud, desde la ortodoxia, nos lleva a pensar que lejos de ser un bien meritorio la salud es escaza, y como tal, tiene injerencia económica en el mercado; cuando en realidad, la falta de salud es el verdadero costo social que cualquier debería neutralizar.
La política pocas veces, casi nunca, lo toma en cuenta.
La estructura con la que cuenta lo público para paliar esa escasez o tratar de hacerlo está fragmentada y dispersa, generándose un derroche de recursos fiscales, con deficiencias en los resultados, tanto económicos (fiscales) como sociales (salud vs. enfermedad).
La política enfrenta fuertes desafíos en el ámbito de la salud pública, siendo los más acuciantes:
- Buscar y lograr la equidad en salud, cerrando la brecha que existe entre los sectores más ricos y los más pobres (Economía de la Salud);
- Garantizar el acceso de toda la población a servicios y medicamentos esenciales;
- Lograr que los servicios de salud estén dirigidos a buscar la Promoción de la salud y la Prevención de las enfermedades, como herramientas para transformar la vida de toda la población.
Continuaremos analizando este tema en próximos artículos.
