Estos términos son característicos de los objetivos empresariales.
El Estado no debe ni puede funcionar como una empresa en marcha (criterio unívoco de la actividad privada) ya que su actividad está parametrizada anualmente por la disposición política contenida en la ley presupuestaria para cada período (anualidad).
No obstante, si bien desde el discurso ortodoxo el «ESTADO» no debe ser «EMPRESARIO», se busca parametrizar resultados de la gestión pública como responsable directa de la salud de la población o, dicho de otra manera, como proveedor de los servicios sanitarios que salvaguarden el estado de la salud de la ciudadanía.
En un comienzo realizaremos la comparación cuantificada de gestión con indicadores que caracterizan a las empresas privadas: costos / beneficios – inversión / producción – gestión / integración – utilidad o beneficio social / utilidad monetaria – investigación / innovación – etc.
Estos objetivos difieren fundamentalmente, entre ambos sectores por la visión social de lo público y la visión privada del resultado financiero.
También, los responsables a cargo de un sector y el otro, difieren en cuanto a sus responsabilidades y/o habilidades para llevar adelante los objetivos planteados conforme los resultados buscados.
En lo público, esos responsables son designados políticamente y su permanencia en la función (ministro de salud, secretarios de las distintas áreas de salud) dura cuatro años en sus cargos; siempre que no medien conflictos políticos que generen cambios abruptos durante ese período.
No persiguen resultados financieros (ganancias) y no sufren, salvo graves acontecimientos de gestión o de conducta, desestabilizad en sus puestos.
El único enemigo a la vista es el cuestionamiento que pueda nacer del propio partido y bajo un criterio político (que la mayoría de las veces no tiene correlato con el accionar operativo).
Sus responsabilidades se limitan a ejecutar correctamente las políticas presupuestarias delineadas para el área salud, su implementación y la utilización de las mismas.
En la mayoría de las veces, el impacto de dichas ejecuciones no es medido, sus costos no son profundamente analizados, sus resultados llegan a ser informados atemporalmente (donde los desvíos o los aciertos no pueden ser corregidos o potenciados) y, además, a luchar con una estructura administrativa enquistada y acomodada a dar respuestas tardías y poco comprometidas.
Generalmente las consignas presupuestarias no han sido determinadas en conjunto entre el área económica y los responsables de la salud.
Además, los cambios de puntos de vista o dirección de los distintos gobiernos (no existen planes de mediano y largo plazo y, ni siquiera, una ley nacional de salud) conspiran con el estudio pormenorizado del área.
Esta problemática limita fuertemente los recursos asignados, no se logra tomar conocimiento de las realidades jurisdiccionales (en muchos casos se decide desde un escritorio alejado de la realidad no solo por desconocimiento de la misma, o por las prioridades que dicta la política) y menos aún, de las posibilidades de contar con información actualizada de las distintas situaciones que se presentan en la realidad y sus impactos territoriales.
Todo ello hace muy difícil poder medir resultados (incluyendo los sociales) y analizar su correlato con sus costos. Siempre nos vamos a encontrar con comparaciones poco felices entre distintos paises de las asignaciones de recursos presupuestarios per cápita para la salud y la provisión de sus servicios.
Analizando todas las cuestiones antes mencionadas, nos permitiría concluir que es prácticamente imposible utilizar conceptos de la actividad privada para aplicarlos al análisis de la salud pública bajo criterios de eficacia-eficiencia-utilidad (que para nuestro caso no remite a la ganancia monetaria).
Los tiempos y los responsables son distintos y el mercado objetivo está impuesto.
